Nueva ley de tasas judiciales

Artículo legal
Fecha de publicación 0

La nueva Ley de tasas Judiciales, Ley 10/2012 de 20 de noviembre se puede encontrar publicada en el BOE núm. 280 del 21/11/2012 en la siguiente dirección:

www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf

En primer lugar a las cantidades que se detallan más abajo hay que sumar el resultante de aplicar a la cuantía del procedimiento un 0,5% sobre el primero millón de Euros y un 0,25€ sobre el resto con un importe máximo de 10.000,00€. La base de cálculo de estos porcentajes es, como hemos dicho, la cuantía del procedimiento o, si es de cuantía indeterminada, la cantidad de 18.000,00 €

A) Procesos declarativos y ejecutivos civiles; está gravada la interposición de la demanda así como la demanda reconvencional y la demanda monitoria y la solicitud de concurso necesario y las demandas incidentales en procesos concursales; los recursos ordinarios y extraordinarios en el ámbito civil y la ejecución de títulos judiciales con las siguientes cuantías:

  • Verbal y cambiario:                                           150,00 €
  • Juicio Ordinario:                                                 300,00 €
  • Monitorio y demanda incidental en concurso:   100,00 €
  • Ejecución títulos extrajud, oposición  ejecuc:    200,00 €
  • Concurso necesario:                                          200,00 €
  • Recurso de Apelación:                                       800,00 €
  • Casación y recursos extraordinarios:             1.200,00 €

B) Interposición de demanda contencioso-administrativa así como recursos en el mismo orden:

  • Demanda en Procedimiento Abreviado:            200,00 €
  • Demanda en Procedimiento Ordinario:             350,00 €
  • Interposición recurso de Apelación:                   800,00 €
  • Recurso de Casación:                                    1.200,00 €

C) En el Orden Social están gravada la interposición de recursos de suplicación y casación:

  • Interposición de Recurso de Suplicación:                  500,00 €
  • Recurso de Casación:                                                750,00 €

Están exentos de esta tasa:

  • Los procesos sobre capacidad y filiación de menores o los procedimientos matrimoniales que se ocupen únicamente del régimen de los menores.
  • Los procedimientos sobre protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y sobre la Administración Electoral.
  • La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
  • Los recursos contenciosos interpuestos por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • Los procedimientos monitorio y verbal cuando su cuantía no supere los dos mil euros, salvo que se funden en títulos ejecutivos
  • Los recursos contenciosos e.n los que se recurra una decisión adoptada por silencio administrativo.

Igualmente están exentos:

  • Quienes tengan derecho a justicia gratuita.
  • El Ministerio Fiscal
  • Las administraciones públicas y sus organismos dependientes.
  • Las Cortes y otras asambleas legislativas.
  • Los trabajadores por cuenta ajena tienen una exención del 60%.

Muchas personas están remitiendo a la defensora del pueblo en el email registro@defensordelpueblo.es su apoyo a la presentación por dicha señora de un recurso de inconstitucionalidad; es necesario enviar un mínimo de 50.000 firmas por lo que sería muy conveniente que todos nos adhiriéramos manifestando, en dicho email, nuestra voluntad a tal respecto y poniendo nuestros datos completos (nombre, DNI, domicilio, etc). Acompaño propuesta de texto de dicho email:

Para: registro@defensordelpueblo.es
Asunto: inconstitucional proyecto de ley de tasa judiciales ya en el Congreso.
Importancia: Alta
Sra. DEFENSORA DEL PUEBLO

Estimada defensora del Pueblo

Soy ……… [datos de identificación completos, incluyendo dirección postal] y me dirijo a usted por un asunto urgente y grave en relación con el cual solicito su urgente intervención: el inconstitucional proyecto de ley de tasas judiciales en tramitación parlamentaria, ya acabada la fase de enmiendas en el Congreso y que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2013.

El Tribunal Constitucional, siguiendo a los tribunales europeos, sólo admite las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ése va a ser el efecto sin ninguna duda. Por ejemplo, cualquier pleito civil normal y corriente costará 2.000€ y bastante más solo la demanda (efecto de la tasa variable, conforme al sistema de 300€ de tasa fija más el 0,5% de la “cuantía procesal”, es decir, del interés económico del pleito, por demanda en “juicios ordinarios”), con análogas cantidades en contencioso-administrativo; y en la jurisdicción social el trabajador o el pensionista para recurrir una sentencia desfavorable pagará 500€. Se pretende que abonen esas tasas en todas las jurisdicciones excepto la penal todas las personas físicas sin derecho a justicia gratuita (el doble del IPREM por unidad familiar, poco más de 1.000€/mes) y jurídicas. Única excepción: el Estado en todas sus formas, y el Fiscal. Por materia ni siquiera excluido Derecho de Familia, salvo menores y alimentos.

¿Quién hay en España que pueda pagar 2.000 y 3.000 euros que resultan en cuanto hay un inmueble por medio o una reclamación de indemnización por muerte, o hasta los 400€ de mínimo de cualquier pleito sin cuantía, y ello contando solo primera instancia? No desde luego las familias que malviven con 1.100€ al mes; pero tampoco la gran masa de clase media.

Es el fin de Derecho del Consumo (se ve frotarse las manos a las compañías telefónicas, aéreas y demás empresas que sistemáticamente abusan de los consumidores) y de la protección contra la arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa (¿quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por error médico en la Sanidad Pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantías elevadísimas, o quién recurrirá una multa de tráfico arbitraria de 200€ cuando tiene que pagar de tasas el doble?); y en Derecho Civil, la ley del más fuerte. Ante la impunidad para el Estado y para el más poderoso, decir que volvemos a situación preconstitucional es decir muy poco. Ya es sangrante que el Estado no pague tasas y que a las empresas les resulta irrelevante tanto la tasa como cualquier otro gasto procesal (se deducen tanto las tasas como el IVA de sus abogados y procuradores al 21% y las minutas completas de estos), mientras los particulares asumen tasas, IVA, gastos y minutas.

Abogados de todos los sectores e ideologías de toda España se están movilizando individual, colectiva e institucionalmente para conseguir la máxima difusión de lo que constituye un gravísimo atropello contra el Estado de Derecho, como repiten con rechazo categórico el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, para intentar evitar que salga adelante el proyecto al que se oponen todos los Grupos parlamentarios en la oposición y numerosos operadores jurídicos incluyendo fiscales y jueces, catedráticos de universidad, procuradores, juristas de todo tipo, las asociaciones de consumidores, sindicatos y numerosas entidades.

Me dirijo a usted en la certeza de que tiene que compartir nuestra preocupación y no quedará impasible ante tal ataque contra la esencia misma del Estado de Derecho, porque bajo ningún pretexto puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión masiva e irreversible de los ciudadanos. Que la Defensora del Pueblo alce su voz AHORA que todavía es posible evitar la aprobación del proyecto y exprese el tajante rechazo que sin duda le tiene que merecer; el proyecto tiene mucho peso para evitar que haya que llegar a un recurso de inconstitucionalidad, porque en el largo camino hasta conseguir una sentencia del Tribunal Constitucional quedarían irremisiblemente perdidos los derechos de muchos ciudadanos., estando en juego el mismo Estado de Derecho.

Gracias por su atención, reciba un atento saludo


Fdo. …..


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