Instalación de ascensor en la comunidad de vecinos: nueva orientación legislativa y jurisprudencial

Artículo legal
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Cada vez son más las sentencias que se producen en esta materia que, en ningún caso, tienen una solución fácil tanto en juzgados y tribunales. Una de las últimas sentencias en este tema es la de 12 de abril de 2012 de la Sala Primera del Tribunal Supremo,  que evidencia tanto el derecho a la supresión de las barreras arquitectónicas, como la afectación y régimen que se debe seguir cuando esta supresión supone la afectación a usos privados.

En este  sentido, bajo el emparo del principio de igualdad, la supresión de las barreras arquitectónicas está encontrando poco a poco un camino más fácil que ya empezó con la eliminación del requisito de la unanimidad para adoptar este tipo de acuerdos. Y en esta línea, también, se han sumado las últimas modificaciones legislativas que, por un lado, han llegado a imponer a la comunidad la obligatoriedad de las obras que garanticen la accesibilidad en caso que las pida una persona que tenga reconocida una discapacidad o que sea mayor de 70 años; o que, por otro lado, han considerado que las personas de edad avanzada con dificultades deambulatorias pueden solicitar la instalación del ascensor por acuerdo mayoritario simple sin necesidad de acreditar una minusvalía oficialmente declarada.

Fue la ley 51/2003 de 3 de diciembre la que ya establecía como obligación de la comunidad la realización de obras necesarias de accesibilidad para uso adecuado  a la discapacidad del solicitante o mayor de 70 años, sea vecino, familiar o mero usuario de la finca por razón de trabajo, e imponía también las obras a cargo de la comunidad de propietarios “siempre que su importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Unas previsiones que por otro lado dejan de cargo de la comunidad el importe de las obras de accesibilidad en los casos de existencia de acuerdo válido, aunque excedieran de las tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 9.1.c, le reconoce al propietario afectado el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por la instalación de este tipo de medidas. En última instancia la Ley ha tomado partido: al propietario afectado se le puede indemnizar sus derechos, pero configurar estos derechos como indemnizables es sinónimo de cerrar cualquier expectativa de considerarlos instrumento de freno ante estas medidas a favor de la accesibilidad. 

En definitiva, el bien de la Comunidad está por encima del bien de un particular, però sin que tampoco esto pueda suponer un autentico atropello de los derechos particulares. Pueden (y deben existir) indemnizaciones justas por el espacio ocupado, los derechos de luz afectados o,  asi mismo, el respeto al derecho a solicitar varios proyectos a diferentes técnicos y a elegir, por obligación, no el más económico, sino aquel que afecte menos a los vecinos perjudicados. Según las ultimas sentencias en la materia, si alguno de los proyectos no usa superficie privativa de un propietario, la comunidad deberá por obligación elegir dichos proyecto, sea cual sea su coste.

En definitiva, la intervención de la autoridad judicial en estos casos, comporta una valoración de la necesidad, proporcionalidad y adecuación de las medidas al respeto de la situación física de la finca y su transitabilidad. Se trata, en ultima instancia, de apreciar la exigencia de la buena fe y la posible concurrencia de abuso de derecho de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad, supresión de las barreras arquitectónicas y no discriminación  de las personas con discapacidad.

En este escenario, pues, no hay duda que se ha abierto un nuevo campo de juego en el que, por una lado, se disponen de más herramientas para acceder a la plena accesibilidad de la comunidad de vecinos, y por otro lado, que aquellos que dispongan de derechos, elementos o la multitud de casos prácticos que puedan darse, también tengan garantizada una defensa para que el perjuicio a soportar sea mínimo o, en todo caso, a cambio de una indemnización justa.

Genís Boadella

Abogado titular del despacho

BOADELLA ESTEVE Advocats

 

 

 

 


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Comunidad de Propietarios / Propiedad Horizontal



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