¿Es el escrache ilícito?

Artículo legal
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En las últimas semanas un nuevo término nos inunda: El escrache

Según Wikipedia, escrache “es el nombre dado en Argentina y Uruguay a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar”.

En España era un término desconocido hasta que en las últimas semanas se ha empezado a utilizar para definir las actuaciones de grupos ciudadanos como la Plataforma de Afectados por Hipoteca, quienes con objeto de protestar ante los políticos a los cuales consideran culpables de la situación económica actual, acuden a sus actos públicos o privados en número reducido con los eslóganes propios de una manifestación. 

Ante la proliferación de esta protesta contra los políticos, el Ministerio del Interior ha dado orden de identificar a los participantes y detenerlos en caso de que estuvieran cometiendo un delito, lo que nos suscita diversas preguntas desde un punto de vista estrictamente jurídico y de forma ajena a las valoraciones personales de cada uno sobre el fondo y las formas:

1 ¿Se está cometiendo una infracción administrativa o un ilícito penal?

El artículo 23 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana señala como infracción grave "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en (...) la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión".

Es importante resaltar que el artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión señala que "se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada", por lo que toda reunión inferior a dicho número, nunca podrá constituir el ilícito administrativo antes referido.

Una vez descartado el ilícito administrativo, hemos de analizar qué posibles delitos o faltas se pudieran cometer, pero con carácter previo, hay que dar por supuesto, pues si no sería claro, que los actos no incluyen nunca actos de violencia contra las personas, sino que se limitan a seguir y a reclamar frente a una persona las reivindicaciones propias del grupo.

El artículo 172 del Código Penal castiga como reo de coacciones a quienes "sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto". Como se puede observar, el elemento clave del tipo es la violencia, elemento que si queda fuera de la práctica del escrache, supondría la ausencia de ilícito penal. Si bien este tipo de actuación ante políticos es relativamente novedosa en nuestro país, no lo es en otros ámbitos, pues diversas empresas han utilizado métodos similares para obtener el cobro de deudas, siendo numerosa la jurisprudencia que exime de responsabilidad penal a este tipo de "cobradores" y por tanto a este tipo de “presión” sin ejercicio de la violencia.

Otro delito que pudiera llegar a darse en el escrache, si se superasen ciertos límites, es el de las injurias, que el Código Penal las define como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Es cierto que la letra de la ley es amplia, pero también lo es que la Doctrina y Jurisprudencia han ayudado a regular este delito, y siempre que no se lancen términos injuriosos (insultos, términos gravemente despectivos...) y el acto se limite a protestar por leyes, normas o posturas políticas no se podrá imputar ilícito penal.

Para observar delito de atentado (artículo 550 del Código Penal) se requiere que se emplee fuerza o que intimiden gravemente a las autoridades, lo que nos lleva, nuevamente, al empleo de la violencia, elemento sin el cual, no puede entenderse la comisión del delito.

2 ¿Puede la Policía identificar de forma generalizada a ciudadanos?

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana señala que "los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública (…), siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad (…)".

Esto supone que la Policía no puede realizar identificaciones generalizadas de manifestantes, si bien la realidad, o mejor dicho la práctica, establece que pueden identificar con objeto de saber si se está produciendo, por ejemplo, un ilícito administrativo.

Pero en el caso que nos ocupa, tal y como hemos visto, un agente de la autoridad ha de saber que un grupo de diez o doce personas no requiere autorizan administrativa para reunirse o entenderse como manifestantes y que si no constan actos de violencia aparentes no existe indicio o motivo para que puedan pensar que se está poniendo en tela de juicio la seguridad ciudadana, por lo que la identificación de ciudadanos no estaría justificada, puesto que la potestad que las fuerzas de seguridad del Estado tienen para protegernos no han, en ningún caso de torcerse con objeto de amedrentar o coaccionar la libertad de los ciudadanos.

3 ¿Cuándo se puede ordenar detener a un ciudadano?

La detención se regula por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículos 490 y siguientes) y señala que  tendrán obligación de detener –entre otros supuestos que no afectan- al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti o al delincuente que se presuma que no comparecerá ante la autoridad, pero la regla general es que “la Autoridad tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos anteriores”.

Por tanto, no estaría justificado en ningún caso una detención toda vez que, como hemos visto, sin los caracteres de violencia, no existe ilícito penal alguno.

Como conclusión final, me viene a la cabeza una frase de Benjamin Franklin:

Aquellos que en virtud de la seguridad sacrifican la libertad no merecen ninguna y terminarán por perder ambas”.


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